Memoria viva contra la desaparición
Por Patricia Bareiro
La Asamblea General de la ONU estableció en 2010 esta fecha con la resolución A/RES/65/209, reconociendo la gravedad de un crimen que priva de libertad a una persona, oculta su paradero y genera terror en comunidades enteras. Historiadores y juristas coinciden en que las desapariciones forzadas son heridas abiertas que atraviesan generaciones, y que la memoria colectiva es clave para evitar la repetición.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en 2006 y vigente desde 2010, establece que este delito es imprescriptible y obliga a los Estados a prevenirlo, investigarlo y sancionarlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado estándares probatorios que reconocen la dificultad de investigar hechos encubiertos por el propio Estado.
Las víctimas sufren torturas y la privación total de derechos; sus familias viven una angustia prolongada, sin poder elaborar duelo. La desaparición forzada no solo afecta a los allegados, sino que instala miedo en toda la sociedad.
El historiador Carlos Barrera subraya que “la desaparición forzada no solo busca eliminar físicamente a la persona, sino también borrar su huella en la historia colectiva”. Su reflexión apunta a que la memoria es un acto de resistencia frente al silencio impuesto y que recordar es una forma de justicia.
A pesar de los avances normativos, la impunidad sigue siendo generalizada. Organismos internacionales remarcan la necesidad de colocar a las víctimas en el centro, garantizar reparaciones y fortalecer el Estado de derecho.
